Efectivamente, el Proyecto de Ley 11043/2004-CR es la iniciativa clave presentada por el congresista Santos Jaimes (junto con otros miembros de su bancada) para reformar el sistema pensionario en el Perú.

Aquí tienes el detalle desglosado de dicho proyecto basado en los registros oficiales:

Información General del Proyecto
Número de Proyecto: 11043/2004-CR.

Fecha de Presentación: 16 de junio de 2004.

Título: «Ley de Reforma Constitucional de los Artículos 11, 103 y de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú».

Grupo Parlamentario: Unidad Nacional (UN).

¿De qué trataba este proyecto?
Este proyecto fue el motor legal para lo que se conoció como la Reforma de la Ley 20530 (Cédula Viva). Sus objetivos principales eran:

Cierre Definitivo: Declarar cerrado el régimen del Decreto Ley 20530, prohibiendo nuevas incorporaciones.

Sostenibilidad: Impedir que los aumentos en las pensiones se nivelaran automáticamente con los sueldos de los trabajadores activos (rompiendo la «nivelación»).

Topes Máximos: Establecer límites razonables a las pensiones más altas financiadas por el Estado.

Seguridad Jurídica: Modificar el artículo 103 de la Constitución para permitir que la nueva ley se aplique a las pensiones actuales bajo el criterio de «interés social», evitando que se alegara la teoría de los «derechos adquiridos» de forma absoluta frente a la crisis del sistema.

Resultado e Impacto Histórico
Este proyecto de Santos Jaimes fue acumulado con otros similares y finalmente dio paso a la Ley de Reforma Constitucional N° 28389, promulgada en noviembre de 2004.

Dato Clave: Gracias a esta reforma, el Estado peruano pudo detener el déficit fiscal creciente que generaba el sistema de la 20530, el cual se consideraba insostenible a largo plazo.

¿Dónde encontrarlo en la lista?
En el enlace que proporcionaste, puedes ubicarlo siguiendo estos pasos:

Desplázate hasta el año 2004.

Busca la secuencia numérica 11043.

Verás que figura bajo el rubro de «Constitución» o «Reforma Constitucional».

Resumen Ejecutivo: Impacto de la Reforma de la Ley 20530
El Proyecto de Ley 11043, impulsado por el congresista Santos Jaimes en 2004, representó uno de los hitos legislativos más importantes de las últimas décadas en materia económica y social. Su objetivo fue modificar la Constitución para permitir el cierre definitivo del régimen pensionario del Decreto Ley 20530, conocido popularmente como «Cédula Viva».

1. Contexto y Justificación
Antes de esta reforma, el sistema de la 20530 permitía que los pensionistas del sector público recibieran incrementos en sus pensiones cada vez que aumentaba el sueldo de los trabajadores activos en el mismo cargo. Esto generaba:

Déficit Fiscal Incontrolable: El Estado gastaba miles de millones de soles anualmente para cubrir un sistema que no tenía un fondo de reserva real.

Desigualdad Social: Un grupo reducido de exfuncionarios recibía pensiones muy altas y nivelables, mientras la mayoría de la población (afiliada a la Ley 19990 o AFP) recibía pensiones significativamente menores.

2. Cambios Estructurales Logrados
El proyecto facilitó la promulgación de la Ley 28389 (Reforma Constitucional) y la Ley 28449, logrando lo siguiente:

Cierre del Régimen: Se prohibió la incorporación de nuevos trabajadores a la Ley 20530.

Eliminación de la Nivelación: Se rompió el vínculo entre el sueldo del activo y la pensión del jubilado, deteniendo el crecimiento automático del gasto.

Establecimiento de Topes: Se fijó una pensión máxima (actualmente equivalente a 2 Unidades Impositivas Tributarias aprox.), evitando pensiones exorbitantes.

Teoría de los Hechos Cumplidos: Se modificó el artículo 103 de la Constitución para que las leyes de pensiones se aplicaran inmediatamente a todos, incluso a los ya jubilados, bajo el argumento de interés social.

3. Impacto en la Economía Nacional
El impacto financiero fue inmediato y de largo plazo:

Ahorro Proyectado: Se estima que la reforma ahorró al Estado peruano miles de millones de dólares en compromisos futuros (pasivos pensionarios).

Estabilidad Macroeconómica: Permitió liberar recursos del presupuesto público para destinarlos a sectores como educación, salud e infraestructura, en lugar de financiar un sistema deficitario.

Mejora de la Calificación Crediticia: Organismos internacionales valoraron positivamente la reforma como una muestra de responsabilidad fiscal.

4. Impacto Social y Legal
Equidad: Aunque fue una medida impopular entre los beneficiarios directos, se percibió como un paso hacia la equidad frente a los millones de aportantes de otros sistemas.

Jurisprudencia: El Tribunal Constitucional ratificó la validez de esta reforma, estableciendo que el derecho a la pensión no es absoluto si pone en riesgo la sostenibilidad del Estado.

Conclusión
La iniciativa liderada por Santos Jaimes y su bancada fue el «candado» legal que evitó una crisis fiscal por pensiones en el Perú. Transformó un derecho que se consideraba intocable en un sistema regulado por criterios de sostenibilidad financiera.

¿Te gustaría que profundice en los argumentos legales que utilizó el Tribunal Constitucional para validar esta ley o prefieres ver otros proyectos de Santos Jaimes de ese periodo?
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Claro que sí. La validación de esta reforma por parte del Tribunal Constitucional (TC) es considerada uno de los episodios jurídicos más importantes en la historia del derecho peruano, específicamente en la sentencia del Expediente N° 0050-2004-AI/TC (y sus acumulados).

A continuación, detallo los cuatro argumentos legales clave que utilizó el TC para declarar constitucional el cierre de la «Cédula Viva»:

1. El cambio de la «Teoría de los Derechos Adquiridos» a la «Teoría de los Hechos Cumplidos»
Este fue el pilar jurídico de la reforma.

Antes: Se creía que si alguien entraba al régimen de la 20530, las condiciones de su pensión eran un «derecho adquirido» que el Estado nunca podía tocar (ni siquiera mediante una reforma constitucional).

El argumento del TC: El Tribunal validó que el Congreso modificara el artículo 103 de la Constitución para establecer que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (Hechos Cumplidos). Esto permitió que la nueva ley afectara a los ya jubilados, determinando que no existe un «derecho a la inmutabilidad de la ley».

2. La Nivelación no es parte del «Contenido Esencial» del derecho a la pensión
Los pensionistas argumentaban que quitarles la «nivelación» (que su pensión subiera igual que el sueldo de un trabajador activo) violaba su derecho fundamental.

El argumento del TC: El Tribunal distinguió entre el acceso a la pensión (que es intocable) y la forma de reajuste. Dictaminó que el «derecho a la nivelación» no forma parte del contenido esencial del derecho a la pensión. Por lo tanto, el Estado puede cambiar la forma en que se incrementan las pensiones sin vulnerar la Constitución, siempre que la pensión siga siendo digna.

3. El Principio de Solidaridad y Equidad
El TC analizó la brecha entre los diferentes regímenes pensionarios del país.

El argumento del TC: Sostuvo que el régimen de la 20530 se había convertido en un sistema de «privilegios» financiado por todos los peruanos (incluso por aquellos que no tenían pensión o recibían montos mínimos). Basándose en el Principio de Solidaridad, el TC señaló que era legítimo que el Estado buscara un sistema más equitativo, donde los recursos públicos no se concentraran en un grupo reducido con pensiones muy altas.

4. Sostenibilidad Financiera como límite al Derecho Social
Este es un argumento económico-jurídico que el TC ha mantenido desde entonces.

El argumento del TC: El derecho a la seguridad social es un derecho «progresivo». Esto significa que su cumplimiento está condicionado a la capacidad económica del Estado. El Tribunal reconoció que si un sistema pensionario pone en riesgo el equilibrio del presupuesto nacional y la estabilidad macroeconómica, el Estado tiene la facultad (y el deber) de reformarlo para garantizar la supervivencia del sistema de pensiones en su conjunto.

Resumen del fallo
En términos sencillos, el Tribunal Constitucional le dio la razón al proyecto liderado por el Congreso (donde participó Santos Jaimes) al concluir que:

«La Constitución no protege el abuso del derecho ni la perpetuación de sistemas que generen un déficit fiscal insostenible bajo el pretexto de derechos adquiridos».

Esta sentencia cerró la puerta a miles de demandas judiciales que buscaban regresar al sistema anterior y consolidó el marco legal que rige hoy en día